Ética y confidencialidad en el contexto escolar

En una frase: compartir en la escuela es una decisión con regla, no una generosidad personal, y la regla se aprende antes de que llegue el caso difícil.

1. Por qué el colegio es un lugar delicado para la información

Piensa en un colegio cualquier: en el mismo edificio se juntan datos de naturaleza muy distinta. En el expediente de un estudiante conviven el rendimiento académico, el resultado de una evaluación psicopedagógica, datos de salud, información familiar, anotaciones de convivencia y, a veces, el relato de lo que un menor dijo a solas en orientación. Cada capa tiene un destinatario legítimo distinto: el docente que enseña una materia, el responsable del equipo psicopedagógico, el padre o representante legal, o una autoridad externa que actúa por un riesgo concreto. Cuando esa información circula sin criterio, el daño ocurre en la vida real del colegio: un estudiante puede quedar excluido de un grupo, puede perder una beca, puede vivir con la sensación de que lo que contó en confianza persigue su nombre. Por eso el trabajo escolar en psicología se apoya en un cuerpo de normas escrito.

Sobre ese terreno hay tres capas que se superponen y que conviene no mezclar. La primera es la ley: en Colombia, la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales con su Decreto 1377 de 2013, y el Código de la Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), cuyo artículo 33 reconoce el derecho a la intimidad de los niños, las niñas y los adolescentes frente a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, la de su familia y la de su correspondencia. La segunda son los códigos deontológicos de las profesiones que trabajan en el ámbito escolar: la American Psychological Association, la American School Counselor Association y la National Association of School Psychologists. La tercera son las normas internas de la institución y el manual de convivencia. Cuando las tres apuntan en la misma dirección el trabajo fluye; cuando una contradice a otra, el deber de proteger la información del menor es el que pesa.

Un detalle de vocabulario que aparece seguido en los exámenes: en el código del deber profesional se habla de confidencialidad, y en la ley colombiana se habla de reserva y de protección de datos personales. Son palabras de marcos distintos que apuntan a la misma necesidad operativa, y el apunte las usa con el sentido que corresponde a cada fuente.

2. El deber de confidencialidad y sus reglas de operación

El código de la American Psychological Association (2017) dedica su sección 4 a la privacidad y la confidencialidad, y esa sección funciona muy bien como índice del tema porque cada estándar responde a una pregunta concreta del trabajo escolar. Conviene leerlos como un catálogo de decisiones y no como una lista de prohibiciones: cada estándar dice qué hacer, en qué momento y con qué criterio.

1. Mantener la confidencialidad (4.01). La obligación primaria es proteger la información confidencial, sin importar el medio en que se obtenga o se almacene, tomando precauciones razonables, y reconociendo que el alcance y los límites de esa confidencialidad pueden estar regulados por la ley o por las reglas institucionales o por la relación profesional. En la práctica escolar: el expediente psicopedagógico no viaja por el correo institucional como un archivo de uso corriente, y el registro de una sesión no se guarda en una carpeta compartida con acceso del conjunto del personal docente.
2. Explicar los límites de la confidencialidad (4.02). El profesional habla con la persona y con la institución sobre los límites pertinentes y sobre los usos previsibles de la información que se va a generar; la conversación ocurre al inicio de la relación y se repite cuando cambian las circunstancias. En la escuela esto se traduce en la explicación que se le da al estudiante al entrar a orientación, en el aviso que aparece en el manual y en la frase que se le dice a la familia en la primera entrevista.
3. Registrar (4.03). Antes de grabar voces o imágenes de las personas a las que se atiende hay que obtener permiso de ellas o de sus representantes legales. Grabar una sesión de orientación sin avisar rompe esta regla aunque el material se quede dentro de la institución.
4. Minimizar las intromisiones en la privacidad (4.04). En informes escritos y en consultas se incluye solo la información pertinente al propósito de la comunicación, y la información confidencial se discute solo con fines profesionales apropiados y solo con personas claramente involucradas en el asunto. Esta es la regla que más se incumple por exceso: un informe de orientación escolar que describe la vida familiar del menor, sus mudanzas anteriores, los problemas económicos de sus padres y los antecedentes de la institución.
5. Revelar (4.05). Se puede divulgar con el consentimiento informado del cliente, del paciente o de la persona legalmente autorizada, salvo que la ley lo prohíba. Sin ese consentimiento, se revela solo cuando la ley lo exige o lo permite para un propósito válido: prestar servicios profesionales que el caso requiere, obtener consultas profesionales, proteger al cliente o a otros de un daño, o cobrar un servicio, y en este último caso la revelación se limita al mínimo necesario. La lista es taxativa: cuatro motivos, y la puerta 2 del tema los ordena.
6. Consultar (4.06). Al consultar con colegas no se divulga información que pueda llevar a identificar a la persona atendida, salvo que se haya obtenido su consentimiento previo o que la divulgación no se pueda evitar, y se comparte solo la información necesaria para el propósito de la consulta. La fórmula para el equipo psicopedagógico es simple: en la sala de reuniones se habla del caso, no del nombre, y se habla del punto técnico que exige la consulta.
7. Usar con fines docentes (4.07). No se divulga en textos, clases ni medios públicos información confidencial identificable de clientes, estudiantes o participantes de investigación, salvo que se disfracen razonablemente, que exista consentimiento escrito o que haya autorización legal. En una clase de psicología el ejemplo es directo: un caso anonimizado conserva su valor docente y pierde el dato identificable.

3. Consentimiento y asentimiento: dos manos distintas

En el trabajo escolar con menores hay dos consentimientos que se confunden con frecuencia y que el parcial pide separar con precisión. El consentimiento es la autorización formal que otorga quien tiene la representación legal del menor para un servicio o una intervención; el asentimiento es la aceptación voluntaria del menor, que se busca en la medida en que resulta factible. No son la misma cosa, y cada uno responde a una lógica distinta: el consentimiento protege la decisión legal sobre el menor, el asentimiento protege su dignidad y su participación.

La National Association of School Psychologists (2020) es bastante explícita al respecto. En el estándar I.1.4 sobre asentimiento, el menor participa de manera voluntaria en las decisiones sobre los servicios psicopedagógicos escolares tanto como sea posible; se busca su asentimiento de forma ordinaria, aunque resulta éticamente admisible omitirlo cuando el servicio es de beneficio directo para el estudiante o cuando la ley lo exige. El matiz importante es que, si no se solicita el asentimiento, el derecho del menor a estar informado se respeta igual. En el estándar I.1.5, el derecho a rechazar o retirar el consentimiento se aplica a los padres, que pueden retirar su autorización cuando lo decidan, sin consecuencias negativas, y el profesional se ocupa de orientarlos hacia otros recursos. Es decir: el consentimiento se puede retirar, y retirarlo no genera castigo para el menor.

La American School Counselor Association (2022) aporta la advertencia más útil para el examen. En la sección A.2, el punto c recuerda que el consentimiento informado exige competencia, voluntariedad y conocimiento por parte del estudiante para comprender los límites de la confidencialidad, y por eso puede resultar difícil obtenerlo de estudiantes en ciertas etapas del desarrollo o de poblaciones con necesidades especiales; el profesional debe intentar obtener el asentimiento adecuado a cada estudiante, en el idioma que prefiere. El punto d añade algo que suele pesar en la nota: aunque se hacen los esfuerzos, en ocasiones el consentimiento no se puede obtener, y entonces las decisiones se toman en nombre del estudiante de una manera que promueva su bienestar. El punto e pide explicar los límites en términos apropiados para el desarrollo y por varios medios a la vez: manual del estudiante, lección en el aula, notificación verbal individual y materiales del departamento de orientación.

Un tercer dato del mismo estándar, en el punto g, ayuda a resolver el conflicto que más aparece en la práctica: la obligación ética primaria del orientador es hacia el estudiante, pero esa obligación se equilibra con el reconocimiento de los derechos legales e inherentes de los padres y responsables, que son la voz que guía la vida de sus hijos. La redacción da una pista de método: hay que sostener las dos cosas a la vez, la confianza del estudiante y la autoridad de la familia, sin sacrificar una en nombre de la otra.

4. El límite de lo que se comparte: los tres filtros

Con el deber y las dos manos claros, aparece la pregunta que el tema de verdad evalúa: hasta dónde llega lo que se comparte. Los tres códigos convergen en un mecanismo de tres filtros, y ese mecanismo es la columna vertebral de la materia.

Filtro 1, la finalidad. Para qué se pide y para qué se usa la información. La Ley 1581 de 2012 lo enuncia como principio de finalidad: el tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima, de acuerdo con la Constitución y la ley, que debe ser informada al titular. Un dato psicopedagógico firmado para orientar el aprendizaje de un menor no habilita a usarlo en una decisión de matrícula, y un dato recogido para una investigación no se convierte en información de la vida escolar porque convivan en el mismo expediente.

Filtro 2, la necesidad de conocer. Quién tiene derecho legítimo a recibirlo. La American Psychological Association (2017) lo formula como el principio de minimizar intromisiones: solo la información pertinente al propósito de la comunicación. La National Association of School Psychologists (2020) lo enuncia en el estándar I.2.4, con un nombre que funciona muy bien como regla de examen: necesidad de conocer. La American School Counselor Association (2022) lo concreta en el punto a de A.2: el orientador promueve el conocimiento de sus estándares éticos y de las exigencias legales sobre confidencialidad, y sobre el fundamento y los procedimientos adecuados para divulgar datos e información del estudiante al personal del colegio.

Filtro 3, la base. Consentimiento, ley o propósito profesional válido. Aquí aparece la figura técnica más útil del tema: el interés profesional legítimo, que en el ámbito escolar estadounidense resuelve muchas de las dudas sobre qué se le puede contar a un docente. La idea es que el acceso no depende del cargo que se ocupa, sino de la relación funcional con el caso: quien tiene una tarea que requiere un dato específico tiene un interés legítimo para ello, y quien no la tiene no lo tiene aunque sea jefe. La National Association of School Psychologists (2020) añade en el estándar I.2.1 una regla de protección: el profesional minimiza las intromisiones, no busca ni almacena información privada que no sea necesaria para prestar el servicio, y no incorpora al expediente educativo las comunicaciones reservadas con el cliente salvo que la ley de secreto profesional lo permita.

4.1. Los cuatro niveles de circulación de un dato escolar

Para que el filtro de necesidad se vea con claridad, conviene tener un mapa de los niveles por los que circula la información de un estudiante. La tabla ordena los cuatro escenarios que se repiten en un colegio y, en cada uno, indica qué información corresponde, con quién se comparte, cuál es la base y qué queda escrito.

Dos lecturas de la tabla conviene memorizar. En el nivel 1 el dato circula por necesidad profesional y el criterio que decide es la pertinencia; en el nivel 4 la información se reduce a lo estrictamente necesario y el criterio que decide es el daño que se evita. Entre un nivel y otro hay una diferencia de estrategia, no solo de cantidad de datos.

5. Las tres puertas: cuándo se puede romper la confidencialidad

El truco para acordarte de todo esto es una imagen: la confidencialidad es una puerta con tres cerraduras. Se abre cuando una de las tres cede, y cada cerradura tiene su llave y su procedimiento. Quien sabe de memoria las tres puertas evita el error más caro del oficio: decidir en caliente si se rompe el secreto, sin un criterio a mano.

Puerta 1, el peligro. La excepción que fija el caso Tarasoff, resuelto en 1976 por la Suprema Corte de California: cuando un terapeuta advierte que su paciente representa un peligro grave de violencia contra otra persona, tiene el deber de proteger a la posible víctima dentro de los límites que permite la ley. La doctrina es referencia mundial porque el deber de proteger no se limita a avisar: incluye decidir a quién se avisa, cómo se avisa y con qué urgencia. La American School Counselor Association (2022) lo traduce al lenguaje de la escuela: la información se mantiene en reserva salvo que una exigencia legal obligue a revelar o salvo que la reserva deba romperse para evitar un daño serio y previsible al estudiante o a otras personas, y ese daño se evalúa distinto para cada menor, según su edad de desarrollo, el contexto, los derechos de los padres y la naturaleza del daño. El punto h del mismo estándar añade el método: se colabora con el estudiante, se usa el método menos intrusivo y se conversa con él sobre el momento de la ruptura.

Puerta 2, la ley. El estándar 4.05 b de la American Psychological Association (2017) ya te dio los cuatro supuestos en que se revela sin consentimiento; la ley es la llave que los activa. La National Association of School Psychologists (2020) formula la misma excepción en el estándar I.2.3: la información no se revela a terceros sin el acuerdo del padre o representante legal del menor, o del estudiante adulto, salvo en situaciones en las que la no divulgación pudiera producir un peligro para el estudiante o para otros, o cuando la ley lo exija. La norma colombiana sobre datos de niños lo complementa: el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes está prohibido, salvo que se trate de datos de naturaleza pública, y cuando ocurre debe responder al interés superior del menor y asegurar el respeto de sus derechos fundamentales.

Puerta 3, el interés del menor. En algunos casos la reserva no protege al menor, sino a quien la invoca. La American School Counselor Association (2022) lo dice en el punto d: cuando no es posible obtener el consentimiento informado, las decisiones se toman en nombre del estudiante de una manera que promueva su bienestar. La National Association of School Psychologists (2020) lo dice en el estándar I.2.1: cuando un informe proviene de un profesional no escolar e incluye información que invade la privacidad familiar y no es necesaria para la decisión escolar, el profesional considera si devolverlo pidiendo que se retire la porción problemática. Ese gesto, que parece administrativo, es la defensa del expediente: cada línea que se le suma sin necesidad resta calidad a las decisiones que se toman con base en él.

6. Los datos sensibles y la ley por encima del aula

El segundo bloque que te va a caer es el de los datos sensibles. Es un grupo de datos que la ley colombiana trata de manera especial y que en el colegio aparece con frecuencia: la salud, la vida sexual, las convicciones religiosas o filosóficas, la orientación política, la pertenencia a organizaciones sociales o de derechos humanos y los datos biométricos. La Ley 1581 de 2012 los define como datos sensibles, porque su uso indebido puede generar discriminación, y establece en su artículo 6 que su tratamiento se prohíbe salvo cuando el titular haya dado autorización explícita, salvo que la ley no la requiera, o cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital de un titular que se encuentre física o jurídicamente incapacitado, en cuyo caso los representantes legales otorgan la autorización, entre otras causales previstas en la norma.

Para el trabajo escolar con menores hay una regla adicional que conviene tener en la cabeza. El artículo 7 de la Ley 1581 de 2012 asegura el respeto a los derechos prevalentes de los niños, las niñas y los adolescentes y proscribe el tratamiento de sus datos salvo los de naturaleza pública; además, encarga a las entidades educativas capacitar a los representantes legales y tutores sobre los riesgos del tratamiento indebido. El Decreto 1377 de 2013, en su artículo 11, desarrolla el punto: el tratamiento de datos de menores se permite solo si responde al interés superior del menor y asegura el respeto de sus derechos fundamentales; cumplido eso, el representante legal autoriza previo ejercicio del derecho del menor a ser escuchado, y esa opinión se valora según la madurez, la autonomía y la capacidad de entender el asunto.

Ese último detalle, el derecho del menor a ser escuchado antes de que el representante legal autorice, conecta la ley con la ética profesional y con el estándar I.1.4 de la National Association of School Psychologists (2020) sobre asentimiento. La consecuencia práctica en el colegio es concreta: cuando se pide la autorización para tratar datos de un menor, el niño o la adolescente tiene derecho a que se le pregunte y a que su opinión se registre, y esa opinión se pesa en la decisión.

En el plano comparado, el Reglamento (UE) 2016/679 ofrece un criterio útil para el trabajo con estudiantes adolescentes en entornos digitales: su artículo 8 señala que por debajo de la edad de 16 años el tratamiento solo es lícito en la medida en que el consentimiento lo otorgue o lo autorice quien ejerce la responsabilidad parental, y obliga al responsable a hacer esfuerzos razonables para verificar esa autorización. El dato que te sirve para el examen es la lógica, no el número: hay una edad a partir de la cual el menor consiente por sí mismo, y por debajo de ella se trabaja con la autorización del adulto y con su verificación. La misma lógica aparece en la UNESCO, que en su guía de 2020 sobre protección de datos personales y privacidad en el aprendizaje en línea dirige el mismo gesto a estudiantes, docentes y familias: entender qué datos se comparten, con quién y bajo qué regla.

7. Los cinco momentos del deber: la ruta práctica

Este tema se vuelve manejable cuando lo conviertes en una secuencia de decisiones. En el día a trabajo del profesional escolar hay cinco momentos en los que la confidencialidad se pone a prueba, y cada uno tiene una tarea que puedes preparar de antemano. Los cinco salen de los estándares que ya viste en la sección 2, pero puestos en el orden en que ocurren.

Momento 1, la entrada. Se explica al estudiante qué se anota, qué se comparte, con quién y en qué casos se rompe la reserva, y la explicación queda a la altura de su edad. Se usa el lenguaje del estudiante, no el del código, y se da por varios medios a la vez, como pide la American School Counselor Association (2022): manual, lección en el aula, aviso verbal y material del departamento de orientación.

Momento 2, la petición de información a la familia. Se pregunta con el motivo delante: qué se va a preguntar, para qué se va a usar y qué pasará con la respuesta. Se registra la autorización y se escucha al menor antes de entregar a la familia lo que él contó en confianza, cuándo sea factible según la National Association of School Psychologists (2020).

Momento 3, el informe. Se escribe para un destinatario concreto, se incluye solo lo pertinente y se anota quién lo pidió y por qué. El control de custodia de la misma fuente se aplica: la información privada que se guarda es la necesaria para prestar el servicio, y lo que el estudiante dijo en sesión reservada no se pasa al expediente educativo salvo que la ley de secreto profesional lo permita. Un informe sin destinatario ni motivo escrito, con el tiempo, se convierte en un documento que circula.

Momento 4, la consulta con colegas. Se consulta el punto técnico que exige la consulta y no la historia completa del estudiante, como exigen el estándar 4.06 de la American Psychological Association (2017) y el 1.2.4 de la National Association of School Psychologists (2020). Por correo electrónico se escribe «sobre el caso de referencia 24» y no el nombre del menor.

Momento 5, la comunicación sensible. La American School Counselor Association (2022) es muy concreta en el punto l: la información muy sensible de un estudiante, por ejemplo una idea suicida, se transmite por contacto personal, como una llamada o una visita, y no por una nota en el expediente ni por correo electrónico. El punto k añade que solo se transmite por medios que siguen los estándares de protección aceptados. Y el punto i cierra el circuito: cuando un juez exige la entrega de apuntes o del testimonio, el profesional puede pedir que no se exija si la divulgación puede dañar al estudiante o a la relación de ayuda.

8. El expediente: dónde vive lo que anotaste

La confidencialidad no se juega solo en la conversación. Se juega también en el papel y en la carpeta, porque un dato anotado tiene una vida administrativa propia: se archiva, se copia, se consulta y a veces se hereda cuando el profesional que lo escribió se va del colegio. Por eso el tema incluye una pregunta que muchos estudiantes no esperan: ¿qué se escribe, dónde se guarda y quién puede abrirlo?

La National Association of School Psychologists (2020) dedica su principio II.4 al manejo responsable de los registros escolares y sus nueve estándares son, en la práctica, el manual de la carpeta. El estándar II.4.1 obliga a informar a los padres y a los estudiantes adultos sobre sus derechos respecto de la creación, modificación, almacenamiento y destrucción de los registros, y sobre el almacenamiento y la transmisión electrónica de información identificable y los riesgos que eso supone. El II.4.2 fija el listón de calidad: el registro se crea con detalle suficiente para que otro profesional pueda tomar decisiones con él y con detalle suficiente para resistir un escrutinio en un procedimiento. El II.4.3 es el que más pesa en la práctica diaria: solo se incluye información documentada y procedente de fuentes confiables, y no se almacena información privada sobre el estudiante o su familia que no sea necesaria para prestar el servicio.

Ese último punto es el que más confunde y el que más se pregunta en un examen. El estándar II.4.8 lo dice con claridad: resulta éticamente admisible que el profesional de la psicología escolar conserve notas privadas, de posesión exclusiva, para usarlas como ayuda de la memoria, siempre que no sean accesibles a otros; pero toda información que se emplea para tomar decisiones educativas sobre un estudiante forma parte de su expediente educativo y debe quedar accesible a los padres y a los estudiantes adultos. El estándar II.4.4 reza en la misma línea: los padres tienen derecho a acceder a los registros psicológicos y educativos de su hijo, y a toda la información que se usa para tomar decisiones educativas sobre él. El II.4.6 cierra el circuito por el lado del colegio: el acceso a los registros psicológicos escolares se da solo al personal que tiene un interés educativo legítimo en el estudiante, sin autorización previa del padre o del estudiante adulto, y esa misma regla se aplica igual a los registros físicos y a los electrónicos.

El II.4.7 se ocupa del medio: los archivos electrónicos se protegen de la liberación o la modificación no autorizadas, con medidas como claves de acceso y cifrado, y se toman pasos razonables para que la información no se pierda por fallas de los equipos. El II.4.9 cierra con el ciclo de vida completo: el profesional trabaja con la administración y con el personal del colegio para establecer políticas de almacenamiento y destrucción coherentes con la ley y con la práctica profesional sana, que protejan la seguridad de los registros al tiempo que faciliten el acceso del padre, y que fijen plazos de revisión y eliminación de los registros que quedaron obsoletos.

9. Los canales informales: el grupo, el correo y el pasillo

Todo lo anterior se rompe con facilidad en el canal informal. Un grupo de mensajes de docentes donde alguien reenvía una situación de un estudiante, una fotografía de una evaluación que viaja por el chat personal, una conversación de pasillo que se convierte en rumor con nombre propio. En la práctica escolar, la mayor parte de las fugas de información no ocurre en el consultorio: ocurre en el canal que parece menos oficial.

La American School Counselor Association (2022) es directa en el punto k: reconoce la vulnerabilidad de la confidencialidad en las comunicaciones electrónicas y solo transmite información del estudiante de forma electrónica si sigue los estándares de protección aceptados y cumple la normativa federal, estatal y local y la política de la junta escolar. El punto l añade la regla de contenido y de canal: la información muy sensible de un estudiante, por ejemplo una idea suicida, se transmite mediante contacto personal, como una llamada o una visita, y no por medios menos seguros como una nota en el expediente educativo o un correo electrónico. El punto m, que cierra el bloque, no se limita al comportamiento individual: el profesional debe promover salvaguardas y protocolos dentro de la institución, de modo que la protección del dato del estudiante sea una regla del sistema y no solo una costumbre de cada profesional.

En el plano tecnológico, la UNESCO publicó en 2020 una guía de protección de datos personales y privacidad en el aprendizaje en línea dirigida a estudiantes, docentes y familias, con la recomendación general de que las comunidades educativas revisen qué datos se comparten en las plataformas digitales del colegio, con quién y bajo qué regla, y de que los estudiantes sean parte activa del acuerdo y no simples destinatarios. El sentido de esa recomendación es el mismo que viene de la American School Counselor Association: la transparencia previa reduce los incidentes, y la transparencia solo funciona si el estudiante sabe de antemano qué pasa con lo que cuenta.

10. Mnemotecnia: el mapa de las cinco tarjetas

Si el parcial te pide el tema en bloque y el tiempo es corto, no reescribas el apunte: recorre las cinco tarjetas de memoria que quedan escritas a lo largo del texto y repítelas en voz alta. Cada una responde a una pregunta distinta del tema y juntas cubren el esqueleto completo, en el orden del recorrido, porque cada tarjeta se apoya en la anterior.

• LAS DOS MANOS (consentimiento y asentimiento): quién autoriza y quién es consultado. Pregunta de examen: ¿quién da el permiso y quién participa?
• TRES FILTROS, UNA PUERTA (finalidad, necesidad, base): la regla de circulación de la información. Pregunta de examen: ¿qué pasa un dato antes de salir de tu escritorio?
• LAS TRES PUERTAS Y SUS LLAVES (peligro, ley, interés del menor): cuándo se rompe la reserva. Pregunta de examen: ¿qué te permite abrir la información?
• LA REGLA DE LOS DATOS SENSIBLES (interés superior, autorización explícita, escucha del menor, mínimo necesario): la capa legal. Pregunta de examen: ¿qué exige la ley cuando el dato es sensible o es de un menor?
• LOS CINCO MOMENTOS (entrada, petición, informe, consulta, comunicación sensible): la ruta práctica del deber. Pregunta de examen: ¿en qué paso del proceso se aplica la confidencialidad?

11. El tema en 3 frases

Si solo te llevas tres frases del apunte, que sean estas, porque concentran lo que el parcial pide decidir.

12. Un caso para aplicar el tema

Un caso breve sirve para ver los tres filtros funcionando en el mismo momento. La situación es la siguiente: en un colegio, la robótica de orientación recibe el informe de una evaluación psicopedagógica de un estudiante de 13 años que fue remitido por una docente porque lleva seis semanas sin entregar tareas en dos asignaturas. El informe menciona, en el aparte de antecedentes familiares, que el estudiante vive con su madre y un padrastro, que hay reporte de un caso previo en el que el niño fue reportado por desatención en el colegio anterior y que la madre presenta un diagnóstico de depresión. La docente que hizo la remisión pide el informe completo para entender el caso, y la madre pide una reunión con el equipo.

Si eres el profesional que tiene el informe en la mano, el orden de trabajo es el de los tres filtros, y el caso muestra por qué el orden importa. Finalidad: la docente necesita entender por qué el estudiante no entrega tareas; esa tarea requiere el resultado de la evaluación y el análisis de los obstáculos de aprendizaje, y no el aparte de antecedentes familiares. Necesidad: la madre, como representante legal, sí tiene interés legítimo en el expediente de su hijo, y la docente lo tiene en la parte del informe que corresponde a su tarea, pero no en el aparte de salud de la madre, que resulta impertinente para su consulta y además es dato sensible. Base: con la madre rigen el consentimiento informado previo y la autorización de la familia; con la docente rioge el interés educativo legítimo, que es la figura que permite el acceso sin pedir permiso cada vez, siempre dentro de los límites de la normativa de privacidad.

El caso tiene un giro que suele pasarse por alto: el dato de que el niño fue reportado por desatención en el colegio anterior es pertinente para la pregunta que motivó la remisión, porque aporta el antecedente que explica la deserción en las tareas, y al mismo tiempo invade la privacidad de una familia que no es la del estudiante actual. El estándar I.2.1 de la National Association of School Psychologists (2020) ofrece la salida: cuando un informe de un profesional no escolar incluye información que invade la privacidad familiar y no es necesaria para la decisión escolar, el profesional considera si devolverlo a quien lo remitió pidiendo que se retire la porción problemática. Y al mismo tiempo, el dato de salud de la madre es sensible y se maneja con autorización explícita, sin entrar en el informe que circula al equipo docente.

13. Para el parcial

14. Preguntas de autoevaluación

Un docente que no participa del caso pide la evaluación psicopedagógica completa de un estudiante. ¿Qué respondes y con qué criterio?

La respuesta sigue los tres filtros. La finalidad es verificar si la evaluación responde a una tarea del docente; si la tarea existe, se define la parte pertinente, porque la necesidad de conocer se mide por la relación funcional con el caso y no por el cargo. La base es el interés profesional: quien tiene una tarea que requiere un dato específico puede recibirlo. El criterio concreto es el del estándar 4.04 a de la American Psychological Association (2017): en los informes y las consultas se incluye solo la información pertinente al propósito de la comunicación. La respuesta operativa es entregar la parte del informe que responde a la pregunta del docente, y registrar la entrega y su motivo.

Una adolescente de 15 años cuenta en orientación que vive en una situación de violencia en el hogar. ¿Qué haces con esa información?

Se aplica la puerta del peligro y la puerta de la ley, y se explica la situación a la adolescente antes de actuar, con el método menos intrusivo. El daño serio y previsible está claramente presente, y la American School Counselor Association (2022) pide involucrar al estudiante en la medida posible y conversar con ella sobre el método y el momento de la ruptura. A la vez, el deber de proteger que viene de Tarasoff (1976) obliga a decidir a quién se avisa, cómo se avisa y con qué urgencia. En cuanto a la ley, hay obligaciones de comunicar que dependen de la normativa local, y la comunicación se hace con el mínimo dato necesario. Lo que no se hace es guardar el relato en el expediente educativo como si fuera un dato escolar más, porque la comunicación reservada con el cliente no se incorpora al expediente salvo que la ley de secreto profesional lo permita.

¿En qué se diferencian la confidencialidad y el secreto profesional, y por qué el tema escolar usa el primer término?

El secreto profesional pertenece al ámbito del derecho y se dirige a la autoridad judicial: define qué información puede exigirse a un profesional y con qué condiciones. La confidencialidad pertenece al ámbito de la deontología profesional y se dirige a las personas y a las instituciones: organiza el tratamiento de la información en el día a día, con reglas de circulación, minimización y registro, y con excepciones que no dependen de un juez. En el contexto escolar se usa el segundo término porque lo que se evalúa es el criterio del profesional frente a su trabajo cotidiano: a quién le cuenta, qué escribe, qué explica y cómo responde cuando le piden algo que no debería contar.

Explica con tus palabras por qué el consentimiento de la familia no alcanza para decidir todo en el trabajo escolar con menores.

El consentimiento resuelve la autorización formal de quien tiene la representación legal, y esa autorización tiene límites claros: debe ser previa, expresa e informada, se puede retirar en cualquier momento y la retirada no genera consecuencias negativas para el menor. A la vez, el menor tiene una posición propia que se respeta en dos momentos: se le busca el asentimiento de forma ordinaria, y cuando el representante legal va a otorgar el consentimiento se le ejerce su derecho a ser escuchado, con una opinión que se valora según su madurez, autonomía y capacidad de comprender el asunto, como establece el Decreto 1377 de 2013. La lógica de fondo: la reserva protege al menor y el menor participa en las decisiones sobre su propia vida, de modo que una decisión que se apoya solo en el permiso del adulto deja por fuera a quien va a vivir con las consecuencias.