Ética en la intervención con poblaciones vulnerables

1. Principios éticos en la intervención

Los cuatro principios clásicos de la bioética (autonomía, justicia, no maleficencia y beneficiencia) figuran en el código deontológico del psicólogo colombiano (Ley 1090 de 2006, Colegio Colombiano de Psicólogos) y se enseñan como columnas separadas en la formación de pregrado. En intervención psicosocial con poblaciones vulnerables esas columnas se aplanan contra el terreno: la autonomía se topa con la asimetría estructural del equipo respecto a la comunidad; la justicia exige redistribuir poder en cada decisión concreta; la no maleficencia obliga a medir el daño de estar ahí, no solo el daño de no estar; y la beneficiencia se vuelve un cálculo entre lo que el equipo cree valioso y lo que la comunidad define como valioso en su propio marco cultural.

La traducción operativa de cada principio pasa por una acción observable del equipo, no por una frase de buena voluntad en el documento del proyecto. La autonomía se traduce en una reunión preparatoria con el consejo comunitario, los líderes formales y los referentes informales donde se negocia el alcance del trabajo; no en un párrafo sobre "respeto a la dignidad" en la sección metodológica del informe final. La justicia se traduce en una lista de voces afectadas que el equipo no eligió, sino que la propia comunidad prioriza por criterios explícitos; no en una nota al margen sobre "equidad" en el marco teórico. La no maleficencia se traduce en una sesión previa al ingreso donde el equipo escucha los daños previos de intervenciones anteriores (quién entró, qué dejó, a quién señaló, a quién abandonó); no en una cláusula genérica sobre "no causar daño" en el protocolo institucional. La beneficiencia se traduce en una devolución acordada y sostenida en el tiempo, no en una charla de cierre ni en un informe guardado en un anaquel institucional al que la comunidad no tiene acceso.

Estos principios tampoco funcionan como lista de verificación que se tacha al final; operan como brújula que se reorienta con cada nueva decisión. Cuando el equipo debe decidir si publica una foto de una persona en un informe, si comparte una lista de nombres con una agencia internacional, si traduce un testimonio a otro idioma sin supervisión de quien lo emitió, los principios se aplican a la vez, no por separado. La autonomía pregunta: ¿la persona afectada consintió a esta foto, en este formato, para este fin específico? La justicia pregunta: ¿la difusión de esta foto redistribuye poder o lo concentra en quien la pública y en la audiencia que la recibe? La no maleficencia pregunta: ¿qué daño predecible le cae a esta persona por aparecer aquí, hoy y dentro de cinco años? La beneficiencia pregunta: ¿qué bien concreto le llega a esta persona, en qué plazo, por qué vía verificable?

Cada foto publicada por un equipo humanitario se filtra por estas cuatro preguntas de forma simultánea; cada testimonio recogido se filtra por las mismas cuatro preguntas; cada alianza institucional se negocia bajo las mismas cuatro preguntas. Esa repetición deliberada, lejos de ser redundante, es el mecanismo que impide que la intervención caiga en extractivismo de relatos o en una estética del sufrimiento orientada al donante del Norte Global.

Los principios también se reformulan cuando el equipo cambia de lugar. Una cosa es aplicarlos en una zona de conflicto armado con presencia estatal limitada, otra en un barrio urbano con presencia estatal excesiva pero ineficiente, y otra en una comunidad migrante con estatus jurídico precario. La cláusula operativa, es decir, qué pregunta se hace antes de cada acción concreta, cambia con el contexto; los principios se mantienen, pero su peso relativo se reordena. En conflicto armado pesa más la no maleficencia; en contexto urbano de pobreza estructural pesa más la justicia distributiva; en contexto migratorio pesa más la autonomía frente a actores externos.

Para profundizar en cómo estos principios se articulan con la responsabilidad profesional cotidiana, el apunte de ética, límites y responsabilidad profesional trabaja el lado deontológico general. La presente ficha, en cambio, se concentra en el corte comunitario y de campo que ese otro apunte no cubre.

2. Consentimiento informado en comunidades

El consentimiento informado nació en la clínica individual y se contaminó de inmediato cuando se trasladó a comunidades. En terreno comunitario, una firma individual sobre un formato diseñado por el equipo reproduce, con frecuencia, la asimetría que la intervención dice querer reducir. Por eso, en intervención psicosocial con poblaciones vulnerables el consentimiento opera en dos planos que se articulan: el plano colectivo, con el consejo comunitario, los líderes formales y los referentes informales; y el plano individual, con cada persona entrevistada, fotografiada, registrada o incluida en una lista.

El plano colectivo no reemplaza al individual; lo precede y lo enmarca. Un consejo comunitario puede aprobar el ingreso del equipo y, al mismo tiempo, una persona concreta dentro de esa comunidad puede negarse a participar sin represalia posterior. La confusión entre ambos planos genera dos errores opuestos. El primer error es tratar al colectivo como si fuera un sujeto unitario: "la comunidad aceptó", cuando en realidad la asamblea del consejo aprobó y tres familias disintieron por motivos que no se documentaron. El segundo error es tratar al individuo como si fuera ajeno al colectivo: obtener una firma individual de un adolescente sin considerar que su madre, su padre o el referente comunitario deben estar informados antes de la participación de la persona. Ambos errores ignoran la asimetría de poder estructural: el equipo habla desde fuera, la comunidad habla desde dentro, y la firma se presta sobre un formato que el equipo redactó en su oficina con sus propios códigos.

El consentimiento individual, además de firmado, debe ser informado en un sentido verificable. La persona entiende qué se va a hacer con su palabra, con su imagen, con su nombre, durante cuánto tiempo, ante quién, y con qué consecuencias previsibles. Esta operacionalización se sostiene con cinco chequeos verificables: (i) idioma y nivel de alfabetización del formato; (ii) derecho a retirar el consentimiento sin necesidad de explicación; (iii) tiempo de espera entre la explicación y la firma, para evitar firmas bajo presión de agenda del equipo; (iv) registro de qué comprende la persona, no solo de qué firma; (v) mecanismo de supervisión cuando el consentimiento se da en presencia de figuras de poder (líder comunitario, autoridad local, padre, madre, cuidador).

La asimetría de poder se aborda con dos medidas estructurales, no solo retóricas. Primera: los formatos de consentimiento se redactan con la comunidad, no solo para la comunidad. Una sesión de revisión con referentes comunitarios, antes del ingreso al campo, baja la frecuencia de cláusulas incomprensibles. Segunda: los formatos se prueban en una sesión piloto con personas de la zona (no en la oficina del equipo) antes de su uso masivo. Cuando el equipo asume que su formato es claro porque él lo entiende, está proyectando su propia posición como si fuera la de la comunidad, lo cual es un error predecible y prevenible.

3. Confidencialidad y manejo de información

La confidencialidad en intervención psicosocial exige una decisión arquitectónica que se toma al inicio y se ajusta durante todo el trabajo. Lo que se guarda, cómo se guarda, quién accede, durante cuánto tiempo, y bajo qué condiciones se destruye son decisiones que redistribuyen poder entre el equipo, la comunidad y las instituciones que reciben los datos. Una base de datos con nombres reales entregados a una agencia internacional, aunque aparezca anonimizada en el informe público, es una base de datos que alguien puede cruzar, filtrar o usar para fines que la comunidad no autorizó. El manejo de información se decide antes del primer contacto y se rediseña a lo largo del proyecto; tratar la confidencialidad como un detalle técnico al final queda corto y deja huecos difíciles de subsanar.

El manejo de información opera por capas que se diseñan al inicio y se revisan al cierre de cada fase. La primera capa es la de los datos brutos: grabaciones, transcripciones, fotografías, planillas de campo, cuadernos de notas. La segunda capa es la de los datos codificados: identificadores internos que solo el equipo maneja y que permiten análisis sin exponer identidad. La tercera capa es la de los datos anonimizados: los que aparecen en informes públicos y productos de difusión. La cuarta capa es la de los datos devueltos: los que se comparten con la comunidad para su uso, en formato acordado. Cada capa tiene reglas distintas de almacenamiento, acceso, tiempo de retención y destrucción.

Las fotografías merecen un capítulo aparte. Una foto en un informe humanitario, en una presentación académica, en una campaña de financiación o en una red social circula más allá del fin para el que se tomó. Por eso el equipo trata cada foto como un dato más y aplica cuatro filtros antes de publicarla: ¿la persona consintió este uso específico? ¿el contexto de la foto la expone a riesgo posterior identificable? ¿la composición estética refuerza un estereotipo sobre su comunidad? ¿el medio de publicación llega a audiencias que la comunidad no desea que la vean? Una respuesta negativa a una sola de las cuatro preguntas bloquea la publicación, sin excepciones por urgencia de financiación o presión de aliados.

Los testimonios se manejan con el mismo rigor. Un testimonio que se traduce a otro idioma, se recorta para ajustarse a un formato, se publica en redes sociales o se incluye en una campaña de captación pasa por un proceso de supervisión con quien lo emitió. La supervisión consiste en un momento donde la persona lee, escucha o discute la versión final y decide si la autoriza, la modifica o la retira. Cuando el equipo omite esta supervisión por presión de plazos, somete a la persona a un riesgo que no midió.

Para los cruces entre confidencialidad y pruebas psicométricas aplicadas en campo, el apunte de ética en la práctica psicométrica profundiza en anonimización de instrumentos y manejo de protocolos de aplicación. El presente apunte, en cambio, opera en el corte de listas, fotos y testimonios de terreno que ese otro apunte no cubre.

4. Acción sin daño y no revictimización

El marco "Do No Harm" de Mary B. Anderson, integrado en la práctica humanitaria desde finales de los años noventa, parte de una constatación incómoda: toda presencia externa en una comunidad afectada redistribuye tensiones, alianzas y recursos, y por lo tanto genera daño aun cuando la intención sea benéfica. El marco no niega el daño: lo mapea. Identifica los dividers (factores que dividen a la comunidad) y los connectors (factores que la cohesionan), y orienta la intervención para reducir los primeros y robustecer los segundos. Aplicado a intervención psicosocial, este mapeo se traduce en decisiones sobre a quién entrevistar primero, qué información compartir, y qué alianzas aceptar sin alterar el equilibrio local.

El IASC MHPSS (Comité Permanente entre Organismos, Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias, 2007) complementa ese marco con un principio rector: "do no harm" aplicado a la salud mental se traduce en no patologizar respuestas normales al sufrimiento, no forzar narrativas de recuperación lineales, y no convertir el apoyo psicosocial en una segunda victimización. La revictimización ocurre cuando una persona afectada debe contar su historia varias veces ante audiencias distintas, sin control sobre el uso de lo que cuenta; ocurre también cuando la intervención le exige demostrar que sufrió para acceder a un beneficio material o simbólico.

La acción sin daño opera con cuatro verbos que se aplican antes, durante y después del ingreso del equipo. Prever: ¿qué escenarios de daño son previsibles en este contexto, con esta comunidad, en este momento? Advertir: ¿a quién hay que avisar de los riesgos previsibles, en qué formato, antes de comenzar? Limitar: ¿qué exposición de las personas afectadas es evitable y se evita? Acompañar: ¿qué presencia del equipo se sostiene más allá del cierre formal del proyecto, en caso de daño?

La no revictimización se sostiene con un principio operativo simple: la persona afectada decide cuándo, cómo y a quién cuenta su experiencia. El equipo organiza los espacios; la persona decide el contenido. Cuando el equipo presiona para obtener un relato dramático, o induce respuestas emocionalmente intensas sin supervisión posterior, rompe ese principio. La supervisión posterior no es optativa: cada entrevista con carga emocional alta se cierra con un tiempo de descompresión donde la persona se queda con alguien del equipo o con un referente comunitario, no sola, y recibe seguimiento en las siguientes 48 horas.

Para situar esta lógica dentro del conjunto de modelos que trabajan con contextos vulnerables, el apunte de modelos de intervención en contextos de vulnerabilidad ofrece el encuadre complementario sobre marcos conceptuales y modelos psicosociales; este apunte se centra en la cláusula ética que esos modelos deben operativizar cuando entran en contacto con una comunidad concreta.

5. Dilemas éticos frecuentes

Los principios se discuten con facilidad en la formación previa; los dilemas se viven en el momento en que el equipo ya está adentro y debe decidir en horas, no en semanas. Esta sección organiza cinco dilemas recurrentes en intervención psicosocial con poblaciones vulnerables, con la pregunta de chequeo que el equipo debe hacerse antes de cada acción concreta. Los cinco casos no agotan el universo posible; son los más reportados por equipos comunitarios en América Latina y los más documentados por el IASC MHPSS en contextos de conflicto y desplazamiento.

Estos cinco dilemas se abordan con mayor acierto mediante una rutina de supervisión entre pares, donde el equipo expone el caso en sesión, escucha otras lecturas y decide antes de actuar. La supervisión funciona cuando alguien del equipo tiene la atribución explícita de decir "no": no publicamos esta foto, no compartimos esta lista, no aceptamos esta cláusula del financiador, no cerramos el proyecto sin devolución. Sin esa atribución, los dilemas se resuelven por urgencia, no por ética.

1. ¿Quién se beneficia concretamente con esta acción, en qué plazo verificable y por qué vía?
2. ¿Quién paga el costo de esta acción, aunque la intención declarada sea benéfica?
3. ¿Quién, dentro del equipo, tiene poder de veto sobre esta decisión y lo ejerció efectivamente?
4. ¿Qué pasa si esta decisión se publica en un medio local dentro de seis meses?
5. ¿Qué pasa si esta decisión se repite en otra comunidad con el mismo equipo?

Las cinco preguntas funcionan como una rutina breve antes de la acción, no como filtro moral posterior. Cuando el equipo se acostumbra a pasarlas en voz alta en cada reunión operativa, baja la frecuencia de dilemas no detectados y aumenta la trazabilidad de las decisiones documentadas en las actas.

Para profundizar en el debate contemporáneo sobre extractivismo de relatos y devolución en investigación cualitativa, el apunte de ética y debates contemporáneos en investigación cualitativa trabaja la dimensión epistemológica con detalle; este apunte, en cambio, opera en el corte de decisiones de campo que ese otro apunte no cubre.