Ética en la psicología contemporánea

La ética profesional del psicólogo se sostiene en cinco principios que la APA Ethics Code recoge en su Principio A y que la Ley 1090 de 2006 replica en su capítulo II. No son jerárquicos. Cuando entran en tensión, el profesional debe explicitar cuál prioriza, registrarlo por escrito y poder defenderlo ante un comité. Esa operación, no la memorización del principio, es la materia de examen.

Beneficencia obliga a promover el bienestar del consultante. No se reduce a buena intención: exige competencia profesional documentada, formación continua y derivación oportuna cuando el caso excede el propio alcance. Un psicólogo que atiende un cuadro de psicosis sin formación en detección temprana y sin red de interconsulta psiquiátrica incumple beneficencia aunque el consultante lo perciba como amable.

No maleficencia pide no causar daño. Es la contraparte clínica del primun non nocere hipocrático. Se activa con intensidad en intervenciones con potencial iatrogénico: el comentario improvisado sobre un trauma, la etiqueta diagnóstica precipitada, la exposición forzada en técnicas conductuales sin consentimiento. Un psicodiagnóstico mal redactado puede producir daño laboral, escolar o familiar; no se trata de un texto burocrático, sino de un instrumento con consecuencias.

Autonomía reconoce al consultante como agente capaz de decidir sobre su vida. Implica información comprensible, tiempo para preguntar y revocación efectiva del consentimiento. Una persona bajo coerción institucional (hospitalización involuntaria, adolescentes bajo medida de protección, privados de la libertad en programas de resocialización) no ejerce autonomía en sentido pleno. El psicólogo debe registrar cómo adapta el procedimiento y qué salvaguardas añade.

Justicia obliga a trato equitativo y a no discriminar por razón de género, orientación sexual, etnia, condición socioeconómica, discapacidad o religión. Incluye el deber de detectar sesgos del propio instrumento (tests construidos con muestras no representativas) y de comunicar al consultante las limitaciones del resultado. Justicia también se activa en la distribución de tiempo clínico: una lista de espera de seis meses en un hospital público no se resuelve con buena voluntad, exige planeación institucional.

Fidelidad es el principio de confianza: el consultante confía en que el psicólogo cumplirá lo pactado, no abandonará el caso, no revelará lo conocido, no explotará la relación para beneficio propio. Fidelidad cubre desde el cumplimiento de honorarios pactados hasta la continuidad de cuidados cuando el profesional se retira o cambia de institución.

El método del juicio ético

Cuando un caso activa dos principios en tensión, el camino no es la intuición ni el verso del código. Es un método con cinco pasos, análogo al de la consulta clínica:

1. Identificar los hechos relevantes y los actores involucrados (consultante, terceros, institución).
2. Localizar los principios en juego y los estándares APA o capítulos de la Ley 1090 que aplican.
3. Considerar el contexto: urgencia, gravedad, recursos disponibles, obligaciones legales concurrentes.
4. Construir alternativas de acción y prever las consecuencias previsibles para cada actor.
5. Tomar la decisión, documentarla y revisarla a posteriori.

La documentación es la que permite que la decisión sea defendible ante un comité de ética, una queja disciplinaria o una visita de habilitación. Sin bitácora, la decisión se vuelve palabra contra palabra.

El consentimiento informado dejó de ser el formulario firmado al inicio de la atención. Hoy se negocia en el tiempo, se registra por escrito y se renueva ante cambios materiales. La APA Ethics Code (estándar 3.10 y siguientes) lo define como un proceso continuo, no un documento aislado. La Ley 1090 de 2006 lo consagra en el artículo 4 y lo refuerza con el deber de información sobre objetivos, procedimientos, riesgos, beneficios y alternativas.

Un consentimiento informado con substance real tiene cuatro componentes: capacidad del consultante, información comprensible, voluntariedad y registro verificable. La capacidad se presume en adultos. Se evalúa, no se asume, cuando hay alteraciones cognitivas, psicosis aguda, consumo activo de psicoactivos o condiciones que comprometan la comprensión. La información debe cubrir diagnóstico tentativo, plan de intervención, duración estimada, honorarios, límites de la confidencialidad y rutas de derivación.

Consentimiento en formato digital

La telesalud y las plataformas de salud mental por aplicación han obligado a actualizar el procedimiento. La firma digital tiene validez legal en Colombia desde la Ley 527 de 1999 y se acepta en historias clínicas electrónicas a condición de que se preserve integridad, autenticidad y recuperabilidad. La grabación de sesiones por la plataforma exige una capa adicional de consentimiento: el consultante debe saber que la sesión se almacena, por cuánto tiempo, quién puede acceder y cómo se elimina a su solicitud.

El consentimiento para uso de datos con fines de investigación merece párrafo aparte. Si las sesiones se anonimizan para entrenar un modelo de detección de ideación suicida, esa finalidad específica exige un consentimiento separado del consentimiento de atención. Mezclar finalidades es una de las faltas más comunes en plataformas que monetizan datos clínicos.

Consentimiento con menores y adolescentes

En Colombia, los menores de 14 años requieren consentimiento de los padres y asentimiento del niño. Entre 14 y 18 años el adolescente firma asentimiento informado y los padres otorgan consentimiento, con excepciones por estado de salud (salud mental, salud sexual y reproductiva, consumo de psicoactivos) que la jurisprudencia constitucional ha reconocido como derechos autónomos del menor. El psicólogo debe documentar la valoración de capacidad y la decisión adoptada.

La confidencialidad dejó de ser una cuestión de archivador con llave. Hoy se decide encriptación, control de accesos, contratos con proveedores en la nube y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (habeas data). El estándar APA 4.01 obliga a proteger la información confidencial por medios técnicos y administrativos razonables. En Colombia, la Ley 1581 y los decretos reglamentarios fijan el piso normativo; el Colegio Colombiano de Psicólogos lo concreta en sus guías de práctica.

El examen suele preguntar por las excepciones a la confidencialidad. Son cinco y solo cinco: riesgo inminente para la vida del consultante, sospecha de abuso contra menor o persona vulnerable, obligación legal de reporte (por ejemplo, arma de fuego en colegio), autorización escrita del consultante y orden judicial. Una ruptura del secreto sin consentimiento escrito y específico es falta ética. Cuando el profesional dude, debe consultar con un colega o con el comité de ética institucional antes de romper el secreto.

Plataformas y metadatos

Una videollamada por una aplicación comercial gratuita no es procedimiento confidencial. El proveedor puede acceder al contenido, los metadatos quedan en sus servidores y los términos de uso suelen permitir entrenamiento de modelos. La APA, en su guía de 2023 sobre tecnología y telesalud, recomienda usar plataformas con contrato de encargo de tratamiento, encriptación de extremo a extremo y servidores en jurisdicciones con protección adecuada. La Ley 1581 de 2012 exige que el responsable del dato clínico sea el profesional o la institución, no el proveedor tecnológico.

Los metadatos también importan. La hora de la sesión, la duración, la IP desde la que se conecta el consultante y el dispositivo empleado son datos personales y, en conjunto, datos sensibles. Un correo con la confirmación de cita enviado a la dirección equivocada es una filtración de metadatos. El psicólogo debe verificar receptor, asunto y cuerpo de cada comunicación automatizada.

Redes sociales como fuente clínica

Un caso frecuente de consulta ética: ¿puede el psicólogo buscar al consultante en Instagram, Facebook o LinkedIn antes de la primera entrevista? La APA lo desaconseja sin consentimiento y propone como línea prudente documentar en la historia la razón de la búsqueda, los hallazgos y el uso que se dará a esa información. En supervisión, el análisis del caso a partir del perfil del consultante exige la misma salvaguarda.

El doble rol aparece cuando el psicólogo ocupa posiciones distintas frente a la misma persona: terapeuta y docente, supervisora y supervisada, consultora y pareja de un allegado del consultante, reclutadora y entrevistadora clínica. La APA Ethics Code (estándar 3.05) prohíbe las relaciones que puedan menguar la objetividad, la competencia o el ejercicio eficaz del rol profesional. La Ley 1090 lo recoge en el artículo 56, numerales que tipifican las conductas contrarias a la ética.

El conflicto no se evita con buena voluntad. Se gestiona con declaración explícita, análisis de alternativas y, en muchos casos, derivación o exclusión del caso. La tentación de "manejarlo con prudencia" suele terminar en queja disciplinaria porque la otra parte percibe asimetría y abuso.

El caso del consultante que aparece en redes

Cuando el consultante publica en redes algo que el psicólogo lee fuera de sesión, surge una tensión: ¿se comenta en sesión, se ignora, se documenta? La recomendación ética es hablar del hecho en sesión, devolver al consultante la decisión sobre qué hacer con esa información pública, y registrar la conversación. No procede usar el contenido de la red como insumo diagnóstico sin haberlo acordado con el consultante.

La política de redes del consultorio debe quedar por escrito: el profesional no sigue al consultante, no comenta sus publicaciones, no acepta solicitudes de amistad mientras dure la atención. Si el consultante insiste en conectar, se conversa la motivación y se reitera el encuadre. La política no es frialdad: es protección del vínculo terapéutico.

La psicología contemporánea publica cada vez más en repositorios abiertos: datos brutos, código de análisis, materiales de intervención. La apertura fortalece la replicabilidad y la confianza pública, pero introduce dilemas nuevos: ¿qué datos clínicos pueden compartirse sin re-identificar al consultante? ¿Cómo se cita a un participante que aparece en una grabación compartida con fines docentes?

El estándar APA 8.07 (recolección, manejo y almacenamiento de datos) y la guía de 2023 sobre datos abiertos piden tres controles. El primero es la anonimización efectiva: no basta cambiar el nombre; hace falta eliminar o generalizar variables cuasi-identificadoras (fecha de nacimiento, barrio, profesión, combinaciones raras de síntomas). El segundo es el consentimiento específico para uso secundario. El tercero es la cláusula de retrait: el participante debe poder solicitar la eliminación de sus datos aun después de publicados, dentro de los márgenes técnicos posibles.

Investigación con inteligencia artificial

El uso de modelos de lenguaje y algoritmos de clasificación obliga a una nueva camada de cuidado. Si una investigación entrena un modelo con datos clínicos, el consentimiento debe cubrir esa finalidad. Si se usa un modelo de terceros, el contrato debe garantizar que los datos no se reutilizan para reentrenamiento. El Colegio Colombiano de Psicólogos, en su comunicado de 2024 sobre IA en salud mental, recomienda declarar en el artículo la versión del modelo, los datos de entrenamiento conocidos y las limitaciones del output.

El principio de justicia también pesa aquí. Si el modelo fue entrenado con datos de población angloparlante y se aplica a población hispanohablante, el resultado arrastra un sesgo de representación. La APA pide reportar la población de entrenamiento, la población de evaluación y la diferencia de desempeño entre subgrupos.

Dos códigos vigentes regulan la profesión.

La estructura interna difiere. La APA Ethics Code tiene diez estándares numerados, que van desde 1 (competencia) hasta 10 (terapia con grupos). La Ley 1090 tiene capítulos por temas: investigación, docencia, ejercicio clínico, evaluación forense, publicidad, honorarios, relaciones con colegas, sanciones. En el parcial, la pregunta típica pide ubicar el caso en el capítulo correcto y citar el deber concreto.

Cómo citarlos en el parcial

Un ítem de selección múltiple con anclaje APA pide la referencia al estándar exacto: "APA Ethics Code, estándar 3.10(a)". Un ítem de marco colombiano pide la cita a la Ley 1090 con artículo: "Ley 1090 de 2006, artículo 4". Si el ítem es abierto, el estudiante que escribe "según la APA" sin número de estándar pierde puntaje; lo mismo si escribe "según la ley" sin artículo. La habilidad de citación es la que distingue al estudiante que estudió del que improvisa.

Una pregunta de ensayo con anclaje comparativo es la más exigente: pide ubicar el caso en ambos códigos, identificar convergencia (los dos regulan el secreto profesional con excepciones similares) y divergencia (la APA tiene estándares más detallados para tecnología y la Ley 1090 los recoge con rezago). El buen ensayo deja ver el oficio de citación sin convertir el texto en lista de referencias.

El método del juicio ético se entrena con casos. Los cinco casos que siguen cubren las zonas donde el examen suele caer: consentimiento en formato digital, ruptura de confidencialidad, doble rol, datos abiertos y reporte de riesgo. Cada caso se resuelve en cinco pasos, con cita a la APA y a la Ley 1090 cuando aplica.

Caso A — Telesalud con grabación

Una consultante de 32 años acepta sesiones por videollamada. La plataforma almacena la grabación con fines de "optimización del servicio" según sus términos. La psicóloga no leyó los términos antes de la primera sesión. En la tercera, la consultante pregunta dónde quedan sus sesiones.

1. Hechos: grabación sin consentimiento específico para esa finalidad, plataforma con contrato de encargo pendiente, riesgo de uso secundario.
2. Principios: autonomía (consentimiento específico), fidelidad (incumplimiento del encuadre pactado), no maleficencia (riesgo de re-identificación).
3. Contexto: la plataforma tiene versión gratuita y versión institucional con contrato. La consulta es con la versión gratuita.
4. Alternativas: migrar a plataforma institucional, ofrecer sesiones presenciales, anonimizar y almacenar local.
5. Decisión: migrar a plataforma con contrato de encargo de tratamiento, pedir consentimiento específico para grabaciones si las hubiera, documentar la conversación y entregar a la consultante copia del nuevo consentimiento.

Cita: APA estándar 3.10 y 4.01; Ley 1090, artículo 4; Ley 1581 de 2012 sobre habeas data.

Caso B — Riesgo suicida con plan

Un consultante de 24 años verbaliza en sesión ideación suicida con plan concreto y acceso a medio. Dice que no quiere que se llame a su familia.

1. Hechos: riesgo vital, plan estructurado, medio disponible, negativa a informar a terceros.
2. Principios: no maleficencia (riesgo de muerte), beneficencia (activación de red de apoyo), autonomía (deseo del consultante).
3. Contexto: la excepción por riesgo vital aplica taxativamente. La negativa del consultante no anula la obligación profesional.
4. Alternativas: contactar familia y servicios de urgencia, hospitalización voluntaria, ambulancia con código de crisis.
5. Decisión: activar ruta de crisis con la familia presente o por medio de servicios de salud. Documentar valoración de riesgo, decisión y notificación. A posteriori, revisar el caso en supervisión.

Cita: APA estándar 4.01(b) excepción por riesgo; Ley 1090, artículo 35 sobre secreto profesional con excepciones.

Caso C — Doble rol en supervisión

Una supervisora clínica descubre que entre sus supervisados hay un ex compañero de maestría con quien tuvo una relación sentimental durante el posgrado. La relación terminó hace dos años. El supervisado empieza a hablar en sesión de supervisión de temas personales.

1. Hechos: relación previa significativa, asimetría actual, contaminación potencial del proceso formativo.
2. Principios: fidelidad (compromiso con la formación), no maleficencia (riesgo de daño al supervisado), justicia (trato equitativo).
3. Contexto: la APA pide evitar relaciones que comprometan la objetividad. La historia previa pesa, aunque haya finalizado.
4. Alternativas: continuar la supervisión con declaración explícita por escrito, reasignar el supervisado a otro formador, consultar al comité de ética.
5. Decisión: reasignación. La supervisora informa al supervisado y al programa con transparencia. Documenta la decisión.

Cita: APA estándar 3.05; Ley 1090, artículo 56.

Caso D — Datos abiertos y re-identificación

Un grupo de investigación publica en OSF una base con datos cualitativos de entrevistas a cuidadores de pacientes con demencia. Reemplazan los nombres por códigos. Una periodista busca en redes a una cuidadora que usa expresiones idénticas a las transcritas y la identifica.

1. Hechos: riesgo de re-identificación por combinaciones de variables, código no protege ante búsqueda activa, daño reputacional a la participante.
2. Principios: fidelidad (incumplimiento del deber de custodia), no maleficencia (daño concreto), autonomía (consentimiento específico para archivo abierto no fue explícito sobre re-identificación posible).
3. Contexto: la anonimización debe haber incluido generalización de oficio, barrio, edad por rangos de cinco años, y eliminación de expresiones verbalizadas raras.
4. Alternativas: retirar la base, republicar con anonimización más robusta, emitir fe de errata y contactar a la participante para avisar y ofrecer apoyo.
5. Decisión: retirar provisionalmente, republicar con anonimización reforzada, contactar a la participante, revisar el procedimiento con el comité de ética institucional.

Cita: APA estándar 8.07; guía APA de 2023 sobre datos abiertos; Ley 1581 de 2012.

Caso E — Evaluación forense y doble rol

Una psicóloga forense es contratada por un juez para evaluar a un adolescente en proceso de restablecimiento de derechos. En la primera entrevista, el adolescente dice que la psicóloga es "amiga de mi tía" y le pide que hable con ella "para que no me manden a un hogar".

1. Hechos: vínculo familiar de hecho, petición de intermediación, rol pericial no terapéutico.
2. Principios: objetividad pericial, límites del rol, no maleficencia (uso de la relación con fines procesales).
3. Contexto: el rol pericial exige neutralidad. La relación familiar contamina la objetividad aunque no se haya usado información indebida.
4. Alternativas: excusarse del caso, sugerir al juez otro perito, documentar la situación.
5. Decisión: excusarse por escrito al juzgado, argumentar la pérdida de objetividad, ofrecer lista de peritos alternativos. No aceptar el caso.

Cita: APA estándar 3.05 y 9.01 sobre evaluaciones forenses; Ley 1090, capítulo sobre evaluación forense.

Repaso en 90 segundos

1. Identifica los hechos y los principios en tensión.
2. Ubica el caso en APA estándar X.YY y en Ley 1090 artículo Z.
3. Considera contexto, recursos y obligaciones concurrentes.
4. Construye alternativas con consecuencias previsibles.
5. Decide, documenta y revisa con supervisión o comité.